El expresidente de la SNMPE advierte que el documento enviado por el Ministerio de Energía y Minas al Congreso, en el marco de la Ley MAPE, que plantea que el Estado solo compre oro a mineros formales, en realidad busca favorecer a los mineros ilegales e informales, a quienes se pretende formalizar de forma exprés.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Carlos Gálvez, lanzó una fuerte advertencia a menos de 24 horas del inicio del debate de la nueva Ley MAPE en la Comisión de Energía del Congreso: el Minem estaría utilizando la propuesta de que el Estado compre oro solo a mineros formales como una maniobra para beneficiar, en realidad, a la minería ilegal e informal.

Según Gálvez, el documento enviado por la cartera sectorial al Congreso —que plantea que el Estado adquiera oro exclusivamente de mineros formalizados— sería una estrategia encubierta para incorporar a los informales e ilegales mediante una formalización exprés.

Esto, ya ha sido alertado por la SNMPE con un reciente pronunciamiento, a través de su directora ejecutiva, Ángela Grossheim, donde señala que en el pre dictamen de la nueva Ley de la Pequeña y Mediana Minería (Ley MAPE) se tiene la intención de legalizar a los mineros ilegales e informales.

“La minería formal no necesita que el Banco de la Nación o el BCR le compre oro”, subrayó Gálvez, quien sostiene que la verdadera intención detrás de la propuesta es habilitar un canal de legitimación para el oro de origen ilegal. A su juicio, esta medida abre la puerta para que el Estado termine comprando oro proveniente de concesiones invadidas, sin contratos legales y sin trazabilidad, facilitando un mecanismo de blanqueo.

En febrero último, se reveló que el principal gremio de mineros informales, Confemin, propuso que en la nueva Ley MAPE se incluya una disposición para que el Banco de la Nación pueda comprarles su oro. En ese momento, estimaban que podrían ingresar al mercado legal hasta US$ 6 mil millones anuales, cifra que, según expertos, podría duplicarse en 2025, alcanzando los US$ 12 mil millones. Este monto se basa en el volumen que actualmente exportan los mineros ilegales, el cual coincide con el oro que el gremio informal asegura comercializar.

Incluso, ya se han presentado tres proyectos de ley que buscan autorizar al Banco de la Nación a comprar oro a los mineros informales. Las iniciativas fueron presentadas por los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Eduardo Salhuana (APP) y Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú).

Cómo terminará esto?. 

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