1,401 menores de entre 16 y 17 años están recluidos en centros de rehabilitación: 727 por robo agravado, 87 por homicidio calificado, 52 por extorsión y 7 por sicariato.
¿Es peor el remedio que la enfermedad? Frente a la imperante ola de delincuencia y criminalidad en el país, y la vinculación de menores de edad en ellos, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32330, que permite que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos cuando cometan delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo o sean internados en un penal común.
Con la norma se modificó el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA). Se estableció, además, que, en delitos de extrema gravedad, los adolescentes desde los 14 años podrán recibir medidas de internación de hasta ocho años.
El dispositivo legal fue elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y luego fue aprobado por el Pleno. “La premisa es: delito de adulto, la pena debe ser de adulto. Tenemos que luchar contra esta plaga. Se ha vuelto ingobernable el Perú y, definitivamente, las políticas en seguridad ciudadana de la presidenta Boluarte no han dado sus frutos. Es un problema emergente y tenemos que darle la solución a este problema”, declaró el congresista Juan Burgos.
¿Pero es en verdad una solución castigar con penas de adultos a menores desde los 16 años?
Para Leonardo Caparrós, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), la respuesta es “no” por dos razones: se verán involucrados muchísimos adolescentes que no son una causa perdida y las organizaciones criminales buscarán a menores desde los 12 años.
“Qué vamos a hacer cuando comiencen a buscar a los chicos de 14 años o a los de 12 años. O sea, seguir reduciendo la responsabilidad penal adulta hasta esos límites. De hecho, estamos empujando a las organizaciones criminales a buscar en esos espacios en lugar de controlar los espacios familiares, sociales y educativos de los menores”, advirtió.
A su vez, el juez superior Christian Hernández, de la Comisión de Implementación del CRPA del Poder Judicial (PJ), señaló que la Ley 32330 contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú.
La nueva ley, subrayó, lo que hace es pulir la carrera delictiva de menores vinculados a ilícitos penales, que a su corta vida han enfrentado violencia de género, violencia familiar, consumo de drogas y alcohol, que tienen familiares presos en las cárceles y sobreviven en estratos sociales de vulnerabilidad.
Así las cosas, Caparrós sostuvo que la intención del Gobierno, que promulgó la ley pese a ser considerada “no viable” por los ministerios de Justicia y de la Mujer, el PJ y la Defensoría del Pueblo —que ha solicitado su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional—, es ofrecer a la ciudadanía un “populismo criminal”.
