Según el Observatorio de Derechos Humanos (HRW), los legisladores han contribuido a la ola de delincuencia en el Perú.
La organización Human Rights Watch (HRW) ha advertido sobre leyes aprobadas por el Congreso en los últimos años. En su más reciente informe titulado “Legislar para la impunidad”, la organización sostiene que el Parlamento ha aprobado una serie de leyes que "debilitan la lucha contra el crimen organizado, socavan la independencia judicial y crean un entorno hostil para periodistas y organizaciones civiles".
HRW, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, llevó a cabo una extensa investigación que incluyó entrevistas con 125 personas —entre ellas fiscales, jueces, policías, periodistas, líderes indígenas, defensores ambientales y funcionarios gubernamentales— con el propósito de comprender el avance del crimen organizado en el país y el papel que han jugado las autoridades en permitir o facilitar su expansión.
Además de los testimonios, la organización analizó 88 leyes y medidas adoptadas por el Congreso y el Ejecutivo desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022.
"Nuestros hallazgos indican que, en lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción u otros delitos, ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado", señala el documento.
Entre las normas cuestionadas, se encuentra la que restringe la figura de la colaboración eficaz, "lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos". Asimismo, señala que se ha modificado la definición de "crimen organizado en el Código Penal "para excluir delitos de corrupción y ha creado obstáculos a los allanamientos".
La organización también señala que se ha "buscado regularizar la deforestación ilegal de grandes áreas, lo que impide al Ministerio Público perseguir penalmente a los responsables de la destrucción ambiental". Por último, asegura que se "ha destituido arbitrariamente a jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones sobre corrupción".
"Aunque el gobierno de la presidenta Boluarte en contadas ocasiones ha intentado frenar la agenda legislativa contraria a los derechos humanos, con demasiada frecuencia ha permitido que el Congreso avance, sin tomar iniciativas propias para combatir eficazmente al crimen organizado", indica el informe.
