Expresidente resta importancia a estimaciones del fiscal German Juárez que asegura que investigado por coimas recibirá fallo condenatorio en octubre próximo.
Martín Vizcarra no da crédito a las estimaciones del fiscal German Juárez Atoche, quien el lunes aseguró que en octubre próximo el expresidente debería recibir una sentencia condenatoria por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Para el tres veces inhabilitado exmandatario ese cálculo fiscal está lejos de la verdad. Beneficiado por la lentitud del Poder Judicial que no ha querido programar más audiencias semanales, Vizcarra está convencido que un probable fallo de su caso podría darse recién el próximo año y que este sería absolutorio, pese a las evidencias y confesiones de testigos y colaboradores eficaces que lo señalan de haber recibido coimas por hasta 2 millones 300 mil soles por dos estas obras.
“El fiscal está absolutamente ajeno y desconoce los plazos porque ya ni siquiera ve a los jueces, ya no va a las audiencias, quizá por eso no sabe que este tema tiene por lo menos hasta el próximo año, por la propia dinámica del juicio. No hay intento de demorar nada. Además, con todo lo que estamos aclarando en el juicio oral, yo no tengo la menor duda que la sentencia va a ser absolutoria porque no hay cómo demostrar la entrega de dinero en el momento que dicen que lo tenía ni que estuve en los sitios para recibir dinero porque la geolocalización no cuadra, señaló el vacado por el Congreso en noviembre de 2020.
Salvado de un encierro preventivo por seis meses el último viernes a Vizcarra parece importarle poco las graves acusaciones por corrupción que carga a cuestas; continúa realizando proselitismo político pese a estar inhabilitado y dijo esperar confiado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falle a su favor y le suspenda la inhabilitación antes de los comicios para postular a la presidencia.
El pasado viernes 27 de junio, el juez Víctor Alcocer declaró infundado el pedido de prisión preventiva por seis meses contra Vizcarra y ordenó un nuevo impedimento de salida del país por ese periodo de tiempo, con control biométrico cada 30 días y la prohibición de comunicarse con embajadas.
