Julia Torreblanca se mostró sorprendida por extensión del Reinfo y espera que esta no se disfrace como una futura ley MAPE. Criticó al Congreso por su pasividad y al Ejecutivo por los anuncios anticipados sobre la prórroga.
Como era de esperarse, la nueva prórroga del Reinfo hasta el próximo 31 de diciembre no ha caído nada bien en el sector minero. Para Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), esta cuarta ampliación es un retroceso que revela la falta de un plan claro por parte del Estado para cerrar de manera definitiva el proceso de formalización.
Torreblanca advirtió que esta medida corre el riesgo de convertirse en un mecanismo permanente que, lejos de ordenar el sector, ampare actividades ilegales bajo un registro temporal. En ese sentido, hizo un llamado a un pacto nacional para no permitir que esta actividad criminal financie campañas en las próximas elecciones.
“Estamos a tiempo de convocar a un pacto nacional para que en las elecciones de 2026 no se financien los candidatos con dinero del narcotráfico ni de la minería ilegal”, enfatizó.
La titular del SNMPE criticó la pasividad del Congreso, alimentada por los anuncios anticipados del Ejecutivo sobre la prórroga del Reinfo. Este escenario, señaló, frenó el debate técnico en torno a la Ley MAPE, que debía haberse aprobado en la legislatura que acaba de terminar. La ejecutiva espera que esta prórroga no termine disfrazándose como una futura Ley MAPE.
“Nos llama mucho la atención esta prórroga del Reinfo. Ojalá que con esta última ampliación pueda cumplirse con hacer una clasificación adecuada de qué mineros son los que van a lograr terminar la formalización y apoyarlos en el proceso para que se cumpla el plazo, y no venga un nuevo Reinfo disfrazado con el nombre de Ley MAPE o algo similar”, dijo invocando al Congreso y al Ejecutivo para trabajar de manera seria en esta ley.
Explicó que, si en estos seis meses no se concluye el periodo de formalización, el Gobierno tendría que ejercer su rectoría para lograr que se cumpla la ley y solo se desarrollen actividades mineras en las concesiones que están permitidas y con aquellos titulares que cumplan con los requisitos que establece la Ley.
“Hoy más de un 40% de las exportaciones de oro estarían procediendo de la minería ilegal o no formal. La minería ilegal ya es la primera economía ilegal del país. Ya superó al narcotráfico”, advirtió.
