Pese a que la empresa brasileña admitió actos de corrupción, y tiene problemas con la represa Limón, el Gobierno Regional de Lambayeque busca que la compañía se quede.
Hace dos años, la empresa Odebrecht se movió con sigilo para tramitar su permanencia por una década más como operador de la represa Limón. El 16 de agosto de 2023, envió una carta al gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, en la que comunicó su intención de seguir encargándose de la irrigación del fructífero valle de Olmos. La compañía, que pagó millonarias coimas para adjudicarse obras en el Perú, quería seguir al frente del proyecto y Pérez no puso objeciones; por el contrario, salió en su defensa.
El contrato de concesión, firmado en 2004, habilitaba a la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), cuyo dueño es Odebrecht (ahora Novonor), para negociar la ampliación del acuerdo que estuvo vigente por 20 años. No se estipulaba una renovación automática, por lo que la otra opción era convocar a un concurso público para que, una vez que concluyera el contrato el 25 de septiembre de 2025, otra empresa manejara el proyecto Olmos.
Este año, tres firmas internacionales comunicaron su interés por adjudicarse la operación: Techno Project (México), Equans (Suiza) y White Water (Canadá).
Sin embargo, el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE Lambayeque) acogió sin chistar la propuesta de la CTO y eso se notó luego de que el hoy expremier Gustavo Adrianzén anunciara en abril último que el Ejecutivo no respaldaría esa postura.
“No se va a renovar ese contrato, es categórico, porque no hay condiciones y porque en el Estado peruano y en el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no nos casamos con la corrupción ni con Odebrecht ni con ninguna de sus empresas fachadas”, declaró Adrianzén.
La respuesta del gobernador Pérez, militante del partido Somos Perú, no se hizo esperar y catalogó ese comunicado como “una irresponsabilidad”. Incluso la autoridad regional mencionó que el entonces ministro tendría que alistar “su billetera” para indemnizar a las empresas que compraron predios agrícolas en la zona de Tierras Nuevas, porque ya no podrían irrigar sus cultivos.
Tras ese enfrentamiento, el mismo gobernador suscribió un convenio con Proinversión para que se le asista en la convocatoria de una licitación pública y se elija un nuevo proveedor. Pero, mientras ese proceso está en curso, la CTO de Odebrecht seguirá manejando las operaciones, tiempo que podría extenderse por más de un año.
Aunque la constructora no tiene intención de soltar una segura fuente de ingresos que le ha generado US$34 millones anuales los últimos cinco años, según un informe de Apoyo y Asociados.
