Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó que norma aprobada por Dina Boluarte abre la puerta a la impunidad y viola los compromisos internacionales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó la ley de amnistía promulgada el miércoles por la presidenta Dina Boluarte, que exime de responsabilidad penal a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo, señalando que ello representa un "retroceso" en la búsqueda de justicia y viola los compromisos internacionales.
“La ley de amnistía promulgada en Perú viola los estándares internacionales y es un retroceso en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país”, señala el alto comisionado en un comunicado.
Türk dijo sentirse “consternado” por la promulgación de esta ley que resulta una ”afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad".
La mandataria firmó la norma en una ceremonia en Palacio de Gobierno a la que asistieron militares, policías, miembros del comando Chavín de Huántar y congresistas que impulsaron la ley.
"Este retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en Perú debe revertirse de inmediato. El derecho internacional, al que está obligado Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", indicó el funcionario de la ONU.
El Ejecutivo ha defendido la promulgación de la ley señalando que esta es un reconocimiento a quienes combatieron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA. Sin embargo, organismos de derechos humanos sostienen que beneficia a responsables de masacres y desapariciones, e incluso podría favorecer a procesados, muchos con condena firme.
Tras aprobarse el dictamen en el Legislativo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió formalmente suspender de inmediato el trámite de la norma por su posible afectación al cumplimiento de sentencias internacionales en materia de derechos humanos.
Adelantó que, de no frenar su promulgación, las autoridades deben abstenerse de aplicar esta ley hasta que el Tribunal pueda analizar a fondo sus impactos sobre los derechos de las víctimas. Además, se convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto, en la que se escuchará a las víctimas, al Estado y a la Comisión Interamericana sobre este tema.
