La abogado penalista explicó que los casos de Humala, Keiko Fujimori y Susana Villarán tiene un punto de contacto: Odebrecht, pero aclara que no se puede prever si tendrán el mismo fin.
La ejecución inmediata de la sentencia en primera instancia de 15 años de prisión en contra del expresidente Ollanta Humala fue objetada por su abogado Wilfredo Pedraza quien la calificó de "excesiva".
En declaraciones, no obstante, la abogada penalista Romy Chang precisó que el Código Penal sí plantea actualmente la posibilidad de que un magistrado imponga una sentencia, pero no suspenda su ejecución, como ha ocurrido en este caso.
"De hecho, en el código anterior, que es el Código de Procedimientos Penales en 1940, todas las sentencias se ejecutaban desde la primera resolución, desde la primera instancia. El nuevo código, sin embargo, sí plantea la facultad de que el juez eventualmente pueda decidir no ejecutar la sentencia hasta que se resuelva en una segunda instancia, pero es una facultad, no una obligación", precisó.
En otro momento, la abogada comentó sobre las observaciones de algunos constitucionalistas y penalistas respecto de que aun no se conoce la sentencia en su integridad: "Lo que ha hecho la jueza es dar un adelanto del fallo, pero no ha expuesto con contundencia los fundamentos porque para eso se ha fijado una nueva fecha", indicó.
Pese a esta situación, Chang sostuvo que el exmandatario podría presentar un recurso de hábeas corpus que, de ser aceptado, tendría que ser ejecutado de manera inmediata.
