El ministro de Dina Boluarte fue obligado a renunciar en marzo de este año luego de ser censurado “por su manifiesta incapacidad en el cargo".

Apenas cinco meses después de que el Congreso de la República censure a Juan José Santiváñez como ministro del Interior, Dina Boluarte ha decidió entregarle el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La presidenta de la República nunca separó al censurado Santiváñez de su entorno. Al contrario, tres semanas después de ser echado por la representación nacional lo nombró jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Este despacho estuvo inactivo desde su creación en diciembre de 2024 y se reactivó para que Santiváñez no se desligara del poder.

Ante este escenario, desde Capitalismo Consciente solicitaron el llamado ciudadano a la mandataria, pidiendo que rectifique y sustente públicamente los criterios de idoneidad en cada designación, incluida la de Santiváñez. 

Esto destacando que el Minjus es el "pilar del Estado de derecho". La conducción de este exige idoneidad, integridad y legitimidad pública.

Cabe recordar que el ahora ministro de Justicia fue obligado a renunciar en marzo de este año luego de ser censurado “por su manifiesta incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”, según la moción aprobada.

Por otro lado, el 20 de agosto, el Poder Judicial confirmó la sentencia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus que presentó contra el Ministerio Público para que se ordene detener las pesquisas en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, cuya pena de cárcel es de 12 años.

Por ese mismo caso, sobre Santiváñez recae actualmente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.

El hoy ministro de Justicia es acusado por la Fiscalía de haber interferido ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el propio Ministerio de Justicia, ya siendo funcionario del Ministerio del Interior, para favorecer a uno de los policías a los que defendió en un proceso judicial cuando ejercía como abogado defensor.

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