Ocupó el cargo de ministro del Interior y en marzo pasado fue censurado por el Congreso. Dina Boluarte le tomó juramento esta tarde. La convocatoria para la ceremonia, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, se programó para el mediodía y fue comunicada apenas media hora antes.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento esta mañana a Juan José Santiváñez, Ana Peña Cardoza y Fanny Esther Montellanos como nuevos ministros de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), respectivamente. En el caso de Montellanos, ella venía desempeñándose como titular de la Mujer. Quienes sí salen del gabinete que preside Eduardo Arana son Juan Alcántara Medrano y Leslie Urteaga.
Lo más llamativo de esta inesperada renovación ministerial es el regreso de Santiváñez al equipo ministerial del que salió en marzo pasado tras ser censurado por el Congreso de la República "por su manifiesta incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector".
Debido a esta decisión, Santiváñez se vio obligado a presentar su renuncia y fue reemplazado por Julio Díaz Zulueta.
Sin embargo, su retiro no impidió su continuidad en el Ejecutivo. Casi inmediatamente, en abril, se le creó un puesto cercano a la mandataria como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
En el caso del titular del Minjus, su salida se produce apenas después de que expresara públicamente su desacuerdo con el eventual otorgamiento de una amnistía para los militares y policías que son investigados por las muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Boluarte en diciembre de 2022 y enero de 2023.
Hace menos de una semana, en declaraciones, Alcántara, al ser consultado sobre el tema, señaló que los hechos “están en plena investigación” y que será el Ministerio Público el que oportunamente establecerá las responsabilidades y habrá sanción si corresponde.
Cabe señalar, además, que los cambios se producen a menos de dos meses de vencer el plazo establecido para que los altos funcionarios —incluidos ministros y viceministros— que deseen ser candidatos en las próximas elecciones generales de abril del 2026 renuncien a sus cargos. Así lo establece la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).
