Comunas de distritos pobres como Cayaltí, en la provincia de Chiclayo, ejecutaron solo el 4.8% de sus recursos en 2024. Aun así, el Gobierno promulgará ley impulsada por distintas bancadas del Congreso, que redistribuirá el IGV en favor de los municipios.
En una de sus reiteradas jugadas en pared, tantas veces improductivas, el Congreso y el Ejecutivo están a punto de dar el toque final a un peligroso proyecto de ley que cambia la redistribución interna del Impuesto General a las Ventas (IGV), que tiene una tasa global de 18% (16% para el gobierno central y 2% para las municipalidades).
La dupla más resistida de la afición nacional ha decidido duplicar de 2% a 4% la asignación de este impuesto al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), que subvenciona a los gobiernos locales, y reducir a 14% lo que recibirá el gobierno. El proyecto fortalecerá las finanzas de los municipios pero debilitará las cuentas del Tesoro Público.
Pero el Gobierno le dará más plata a entidades que no han sabido qué hacer con ella. Y es que municipios de 11 regiones, entre ellas tres de las más pobres del país, ejecutaron menos del 60% en proyectos de inversión el año pasado, según el portal de Transparencia Económica.
Un lamentable avance de obras que muestra cómo responden las comunas ante las necesidades de la población. El Gobierno destinará más presupuesto a las comunas, pese a que gran parte de este dinero se va en planillas. En solo un año, de 2023 a 2024, el gasto en remuneraciones de los municipios creció 74%, según explicó el exministro de Economía Luis Carranza.
MANIOBRA POLÍTICA
Visto esto y a la luz de los números vale preguntar ¿para qué entonces los partidos en el Congreso les duplican el presupuesto a los municipios? ¿Es una maniobra política? Para el analista político José Carlos Requena todo parece indicar que sí.
“Habiendo sido un proyecto que recibió cero oposición, aprobado por 98 congresistas, sin votos en contra y cero abstenciones, sí, es una maniobra política. Para mí esta votación del Parlamento no tiene ningún sentido técnico. De hecho, la única opinión favorable del proyecto viene de la Asociación de Municipalidades del Perú. Es evidentemente que la ley tiene fines populistas, efectistas. No tiene ningún sustento técnico y creo que pone en riesgo la salud macroeconómica del país”, señaló Requena.
Para Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE) y miembro del Directorio del Banco Central de Reserva, la ley que pronto promulgará el Ejecutivo es “especialmente peligrosa” y “compromete los recursos del fisco a largo plazo”.
El extitular del MEF Waldo Mendoza cuestionó la norma, debido a que generaría pérdidas para el gobierno central de unos S/10,000 millones por año. Para Mendoza, “no es desatinado” pensar que este proyecto apunta a ganar popularidad con los alcaldes e indicó que generaría inestabilidad fiscal.
El ministro Raúl Pérez-Reyes, sin embargo, respaldó la iniciativa, asegurando que no tendrá ningún impacto fiscal.
