Se acrecienta la farra fiscal en el Congreso. De aprobarse medida en segunda votación puede costar más de S/6,000 millones anuales al Tesoro Público. 

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, recientemente indicó que el Gobierno no cumplirá con la meta del déficit fiscal para este año, a fin de evitar un freno en la economía.

Pese a que, por tercera vez consecutiva, el Perú no cumplirá con su compromiso de controlar el gasto, que es una de las políticas que le ha permitido obtener estabilidad macroeconómica, el Congreso se dedica a aumentar cada vez más la carga fiscal.

La semana pasada, el Pleno aprobó en primera votación el dictamen que dispone el aumento de las pensiones de los maestros jubilados y cesantes al nivel de la primera escala magisterial vigente, que asciende actualmente a más de S/3,300 mensuales.

La medida establece que tanto los profesores retirados bajo los regímenes 19990 y 20530, como los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), recibirán una pensión equivalente a dicha remuneración: “Se trata de una medida con un altísimo costo fiscal, impulsada por intereses políticos antes que por criterios técnicos o de equidad”, advirtió Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE).

A su juicio, este tipo de iniciativas responden a una lógica pre electoral, en la que parte del Congreso actúa en función de sus propios de intereses: “Una parte importante de los congresistas proviene del Magisterio, y legislar desde ese lobby es profundamente irresponsable. Estamos viendo cómo se impulsan normas con nombre propio, en las que el beneficio está claramente identificado, pero la carga la asume toda la sociedad”, añadió.

Mal precedente
Para Fuentes, este tipo de decisiones sientan un precedente negativo para la política pública, al abrir la puerta a nuevas excepciones que distorsionan el sistema. “Si empezamos a subir pensiones por decreto, mañana también lo haremos con las Fuerzas Armadas, o cualquier otro grupo con suficiente representación en el Congreso. Así no se diseña una política social responsable”, subrayó.

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